La Gerencia Departamental Colegiada de Sucre de la Contraloría General de la
República (CGR) respondió el derecho de petición radicado con el número
2026ER0254481 (SIPAR 2026-405193-80704-IF), mediante el cual el veedor Erick
José Urueta Benavides solicitó que el máximo órgano de control fiscal asuma
directamente la vigilancia del manejo de una donación de la DIAN por $506.932.451,13
al municipio de Colosó (Sucre).
En su respuesta, la CGR clasificó el escrito como una petición de Intervención
Funcional Excepcional (IF) y lo remitió a su Oficina Jurídica, que deberá dar respuesta
de fondo. Además, trasladó el caso a la Procuraduría Provincial de Sincelejo para que
investigue, dentro de su competencia, las presuntas irregularidades denunciadas.
QUÉ SE PIDIÓ
La petición reúne una denuncia penal, una queja disciplinaria y una denuncia fiscal
sobre el manejo de la donación entregada por la DIAN mediante la Resolución 015408
del 23 de diciembre de 2025. También cuestiona la actuación de la Contraloría General
del Departamento de Sucre en la Actuación Especial de Fiscalización D-0326-008, en
la auditoría de la vigencia 2024 y en las respuestas dadas a los veedores. Ante la CGR,
los veedores solicitaron:
- INTERVENCIÓN FUNCIONAL EXCEPCIONAL (artículos 22 a 28 del Decreto Ley
403 de 2020) sobre la actuación D-0326-008 y sobre la vigilancia fiscal de la
donación, desplazando a la Contraloría Departamental, con la verificación previa
que prevé la norma. - DE MANERA SUBSIDIARIA, la intervención funcional oficiosa o la vigilancia fiscal
concurrente sobre el mismo objeto. - VIGILANCIA CONCURRENTE sobre los recursos del Sistema General de Regalías
y del Sistema General de Participaciones ejecutados por Colosó entre 2024 y 2026,
que según los peticionarios no fueron examinados en la auditoría de 2024 (cerca de
$16.647 millones solo en ese año), en especial dos contratos de mejoramiento vial
por $2.338.928.796 y $133.168.774.
- INDAGACIÓN PRELIMINAR (artículo 39 de la Ley 610 de 2000) sobre $76.334.926
en bienes dados de baja y sobre bienes entregados sin beneficiario identificado o
ajenos al fin autorizado. - INFORMACIÓN sobre el seguimiento dado a un traslado anterior, radicado
2026ER0049926.
QUÉ RESPONDIÓ LA CONTRALORÍA
La CGR, con fundamento en el artículo 267 de la Constitución, modificado por el Acto
Legislativo 04 de 2019, y en su procedimiento interno de atención de denuncias y
peticiones, informó tres decisiones: - TRÁMITE DE LA INTERVENCIÓN EXCEPCIONAL. La solicitud pasó a la Oficina
Jurídica de la CGR, que debe pronunciarse de fondo. Hasta ahora la Contraloría no
ha decidido si interviene o no. - TRASLADO A LA PROCURADURÍA. Con base en el artículo 21 de la Ley 1437 de
2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, envió el caso a la Procuraduría
Provincial de Sincelejo. - ANTECEDENTE DEL TRASLADO ANTERIOR. Sobre la denuncia radicada como
2026ER0049926, la CGR informó que concluyó que el asunto no era de su
competencia y que el 11 de marzo de 2026 la trasladó a la Contraloría
Departamental de Sucre (oficio de salida 2026EE0051983).
POR QUÉ IMPORTA
Este último punto es central. La Contraloría Departamental de Sucre, a la que la CGR
remitió la primera denuncia, es la misma entidad cuya actuación cuestionan ahora los
veedores, y por eso piden que la Contraloría General la desplace. La decisión de la
Oficina Jurídica definirá si el control fiscal de la donación sigue en manos del ente
departamental o lo asume el órgano nacional.
La respuesta no se pronuncia sobre los demás puntos: la vigilancia concurrente sobre
regalías y SGP ni la apertura de una indagación preliminar sobre los bienes dados de
baja. Esos asuntos quedan pendientes de la respuesta de fondo.
DECLARACIÓN
“Pedimos que la Contraloría General revise directamente cómo se manejaron más de
506 millones de pesos donados para la comunidad de Colosó, porque no es razonable
que la vigilancia quede en manos de la misma entidad cuyas actuaciones estamos
cuestionando. Esperamos que la Oficina Jurídica resuelva de fondo y pronto, y que la
Procuraduría actúe sobre lo que le corresponde. Seguiremos atentos a cada
respuesta”, señaló Erick José Urueta Benavides.
PRÓXIMOS PASOS
Los veedores esperan la respuesta de fondo de la Oficina Jurídica de la CGR sobre la
intervención funcional excepcional y harán seguimiento al trámite en la Procuraduría
Provincial de Sincelejo. Si no reciben una decisión oportuna y completa, evaluarán las
acciones que correspondan para proteger el derecho de petición y el control ciudadano
sobre los recursos públicos.
