EL CASO, CON NOTICIA CRIMINAL 700016001037202602607, YA TIENE
FISCAL Y PROGRAMA METODOLÓGICO EN LA FISCALÍA 16 SECCIONAL DE
SINCELEJO.

La denuncia de cuatro veedurías ciudadanas sobre la donación de la DIAN al
municipio de Colosó (Sucre) ya tiene número de noticia criminal, fiscal asignado y
programa metodológico. Así consta en la consulta pública del Sistema Penal Oral
Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, hecha el 13 de noviembre
de 2026.

LO QUE DICE EL REGISTRO OFICIAL
La consulta muestra los siguientes datos:
 Noticia criminal: 700016001037202602607
 Estado: activo
 Etapa: indagación
 Delito registrado: falsedad ideológica en documento público (artículo 286
del Código Penal)
 Lugar de los hechos: Colosó, Sucre
 Fecha de los hechos registrada: 5 de enero de 2026
 Procedimiento: Ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio)
 Despacho: Fiscalía 16 Seccional, Unidad Seccional de Fe Pública,
Patrimonio Económico y otros, Dirección Seccional de Sucre, Sincelejo
 Fecha de asignación: 5 de noviembre de 2026
El SPOA muestra además dos actuaciones no reservadas. El 5 de noviembre de
2026 el caso pasó del fiscal de intervención temprana al fiscal de conocimiento. Al
día siguiente, el 6 de noviembre, quedó registrado el PROGRAMA
METODOLÓGICO, que es el plan con el que la Fiscalía organiza su investigación:
hipótesis, actos de investigación y tareas para la policía judicial.
“Es una buena noticia para el control ciudadano. El caso dejó la fase de recepción
y ya tiene un fiscal de conocimiento con un plan de investigación. Seguiremos
cada actuación”, dijo Erick Urueta Benavides, presidente de VEJUCA.

La fecha de los hechos que registra el SPOA, el 5 de enero de 2026, coincide con
el día en que el Comité de Baja de la Alcaldía de Colosó retiró del inventario parte
de la mercancía donada, según los documentos que acompañan la denuncia.
EL ORIGEN: UNA DENUNCIA INTEGRAL DE CUATRO VEEDURÍAS
La noticia criminal se originó en la denuncia que firmaron Erick José Urueta
Benavides (VEJUCA), Héctor Pérez Fernández (Veeduría Popular), Juan Pablo II
Cuero González (VEEPÚBLICO) y Antonio Hernández Torres (Veeduría
Instrumento Popular). La radicaron ante la Fiscalía, la Procuraduría General de la
Nación, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la
República y la Contraloría General del Departamento de Sucre, con copia a la
DIAN y a la Presidencia de la República.
El caso trata de la Resolución 015408 del 23 de diciembre de 2025. Con ella, la
DIAN donó a Colosó mercancías por $506.932.451, destinadas al programa social
“Tejiendo Sueños”, dirigido a niños, adolescentes y sus familias. Según los
documentos oficiales que aportaron los veedores, producidos por la Alcaldía y por
la Contraloría de Sucre:

1. El 5 de enero de 2026, un Comité de Baja retiró del inventario mercancía por
   $76.334.926, el 15 % de la donación. No consta qué pasó con esos bienes.
2. El Acta 002 de salida de almacén registra tres fechas distintas en el mismo
   documento: 23, 28 y 29 de mayo de 2026.
3. Un oficio del 29 de mayo de 2026 habría remitido un acta fechada el 2 de
   junio de 2026, lo que no es posible en el orden de las fechas.
4. Entre los bienes entregados aparecen 1.235 llaves de paso de PVC, 224
   gafas de protección industrial y 1.500 anillos de bisutería. Los veedores
   dicen que no se ha explicado qué relación tienen con un programa para la
   niñez ni quiénes los recibieron.
   Estas inconsistencias de fecha son las que los veedores pidieron investigar como
   posible falsedad ideológica en documento público, el delito con el que hoy
   figura el caso en el SPOA.
   OTRAS CONDUCTAS PEDIDAS A LA FISCALÍA
   En la denuncia también se pidió investigar posible FRAUDE PROCESAL (art. 453
   C.P.) y PECULADO (arts. 397, 399 y 400 C.P.), este último por los bienes dados
   de baja y por los entregados sin beneficiario identificado. También se pidió valorar
   si la actuación de funcionarios de la Contraloría de Sucre podría constituir

PREVARICATO POR OMISIÓN (art. 414 C.P.). Esa entidad cerró su actuación
especial de fiscalización sin hallazgos fiscales, disciplinarios ni penales.
Por ahora el SPOA solo registra la falsedad ideológica. Los veedores aclaran que
eso no descarta las demás conductas: la Fiscalía puede ampliar o ajustar la
calificación jurídica a medida que avance la investigación.
Entre las diligencias que los veedores pidieron incluir en la investigación están:

1. Una inspección al almacén municipal y al Centro de Convivencia de Colosó;
2. La recolección de los originales del acta del Comité de Baja, de las actas de
   salida y de las 209 actas de entrega;
3. La constancia de radicación y los metadatos del oficio del 29 de mayo;
4. Los reportes de destinación que el municipio haya enviado a la DIAN;
5. La verificación directa con los beneficiarios.
   LAS OTRAS AUTORIDADES
   La denuncia también pidió a la Procuraduría ejercer el poder disciplinario
   preferente. A la Contraloría General de la República le pidió una intervención
   funcional excepcional (Decreto Ley 403 de 2020), es decir, que asuma el caso en
   lugar de la Contraloría de Sucre. A la Auditoría General le pidió revisar el
   “beneficio de control fiscal” de $308,7 millones que reportó esa contraloría
   territorial. Las veedurías siguen esperando respuesta de estas entidades.
   PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
   Las veedurías recuerdan que una noticia criminal en etapa de indagación no
   significa que haya imputación ni responsables. “No señalamos culpables. La
   presunción de inocencia y el debido proceso son garantías que defendemos para
   todos. Lo que pedimos es que los hechos documentados se investiguen a fondo,
   rápido y con independencia”, dijo Urueta Benavides. Agregó que las
   inconsistencias de fecha podrían ser errores de digitación, y que por eso pidieron
   recoger los originales antes de cualquier conclusión.
   VEJUCA seguirá el expediente en el SPOA y pedirá información a la Fiscalía 16
   Seccional de Sincelejo cuando sea procedente, como lo permite la Ley 850 de
   2003, que regula las veedurías ciudadanas.