El Juzgado Promiscuo Municipal de Colosó (Sucre), mediante auto del 12 de
noviembre de 2026, declaró que el secretario de Planeación Municipal, EDGARDO
JOSÉ TOVAR PELUFFO, incurrió en desacato por no cumplir dentro del término fijado
la sentencia de tutela que protegió los derechos de petición y de acceso a la
información pública de un grupo de ciudadanos veedores. El despacho le impuso un (1)
día de arresto y multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. La sanción se
remitió en grado jurisdiccional de consulta ante el superior y no se ejecutará hasta que
esté la revise.
La decisión se adoptó dentro del radicado 70-204-40-89-001-2026-00117-00, en el
incidente promovido por ERICK JOSÉ URUETA BENAVIDES, uno de los cuatro
accionantes, junto con HÉCTOR PÉREZ FERNÁNDEZ, JUAN PABLO II CUERO
GONZÁLEZ Y ANTONIO HERNÁNDEZ TORRES.
ANTECEDENTES
El 18 de septiembre de 2026 los accionantes radicaron ante la Alcaldía de Colosó un
derecho de petición con treinta y cinco (35) preguntas y dieciséis (16) solicitudes de
documentos sobre la gestión municipal. Ante la falta de respuesta, acudieron a la
acción de tutela.
En sentencia del 26 de octubre de 2026, el Juzgado amparó sus derechos y ordenó al
alcalde, DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE, y al SECRETARIO DE
PLANEACIÓN que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, emitieran y
comunicaran una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente. Además, dispuso
que las solicitudes que los accionantes pueden formular como ciudadanos no podían
condicionarse a que acreditaran la calidad de veedores.
La respuesta, fechada el 3 de noviembre, solo fue comunicada a los peticionarios el 9
de noviembre de 2026, después de abierto el incidente de desacato. El propio
secretario reconoció que el envío fue posterior al plazo judicial y lo atribuyó a la
extensión y complejidad de la petición.
LO QUE DECIDIÓ EL JUZGADO
El juez JORGE LUIS NADJAR AMARIZ recordó que, conforme al Decreto 2591 de
1991, para sancionar por desacato no basta el incumplimiento objetivo: debe probarse
una conducta personal imputable a título de dolo o culpa. Con ese estándar concluyó lo
siguiente:

• INCUMPLIMIENTO PROBADO. La orden se cumplió por fuera del término de 48
  horas. La amplitud de la petición no suspendió ni prorrogó el plazo judicial, y no se
  acreditó una imposibilidad concreta de cumplir, sobre todo porque la dimensión de
  la solicitud se conocía antes del fallo.
• RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN. Fue destinatario
  expreso de la orden y suscribió la respuesta. El despacho le atribuyó el retardo al
  menos a título de culpa, valoró a su favor las actuaciones posteriores y fijó la
  sanción en el mínimo razonable, sin atribuirle intención deliberada de desobedecer.
• SIN SANCIÓN PARA EL ALCALDE. El Juzgado se abstuvo de sancionar a Dager
  Manrique Paternina Alquerque al no encontrar prueba de su intervención personal
  en el incumplimiento. Aclaró que ello no lo releva de su deber de garantizar el
  cumplimiento integral del fallo.
• ENTREGA DOCUMENTAL NO VERIFICADA. En varios puntos, la respuesta
  remitió de manera genérica a portales o a dependencias municipales. En el
  expediente no fue posible verificar qué documentos contenía el archivo de anexos
  enviado a los peticionarios. Para el despacho, la referencia genérica a una
  plataforma o a un registro interno no acredita entrega si no identifica la información
  concreta ni facilita su localización.
• COBRO POR COPIAS. Frente a la liquidación de $14.700.000 por reproducción
  física de documentos, el Juzgado advirtió que la entidad debe separar los archivos
  digitales de los físicos y que no puede condicionar a un pago la entrega digital
  gratuita.
  NUEVAS ÓRDENES A LA ALCALDÍA
  Con base en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado ordenó al alcalde y al
  secretario de Planeación que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
  notificación, completen y acrediten el cumplimiento material del fallo. Deberán:

1. Presentar una relación individualizada de las 35 preguntas y 16 solicitudes
   documentales, con la respuesta y el documento efectivamente entregado en cada
   caso;
2. Allegar copia íntegra del archivo de anexos con un inventario que identifique cada
   documento y la solicitud a la que corresponde, y reenviarlo si está incompleto o no
   fue accesible;
3. Cuando remitan a un portal, identificar concretamente el documento, proceso, dato
   o enlace;
4. Si un documento no existe, informarlo y explicar por qué; si se invoca reserva, citar
   la norma específica y entregar las partes no reservadas;
5. Separar los documentos digitales de los que requieran reproducción física.
   El Juzgado precisó que este nuevo plazo no sanea la tardanza ya declarada. También
   señaló que conserva competencia para vigilar el cumplimiento, con independencia del
   trámite de consulta.
   ALCANCE DE LA DECISIÓN
   El auto no se pronunció sobre la legalidad de los contratos municipales ni compulsó
   copias por las diferencias entre los listados contractuales y el SECOP alegadas por el
   incidentante, porque no estaban verificadas en las piezas examinadas. Dejó a salvo las
   competencias de las autoridades correspondientes.
   DECLARACIÓN
   “Esta decisión confirma que el acceso a la información pública no es un favor de la
   administración, sino una obligación con plazos que deben cumplirse. Las órdenes de
   un juez de tutela no admiten demoras justificadas en la complejidad de lo que se
   pregunta. Seguiremos vigilando que la Alcaldía de Colosó entregue, punto por punto, la
   información que la ciudadanía tiene derecho a conocer”, señaló Erick José Urueta
   Benavides.
   PRÓXIMOS PASOS
   El superior jerárquico revisará la sanción en consulta y podrá confirmarla, modificarla o
   revocarla. Mientras tanto, la Alcaldía deberá cumplir en cinco días hábiles las órdenes
   complementarias, cuya verificación queda a cargo del Juzgado.