jueves, 19 noviembre 2026
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ORDENAN ARRESTO DEL FISCAL 68 LOCAL DE CARTAGENA POR DESOBEDECER AL TRIBUNAL SUPERIOR EN TUTELA DEL DEFENSOR DE DERECHO HUMANOS ERICK URUETA BENAVIDES

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena impuso Sanción de cinco días de
arresto inconmutable y multa de dos salarios mínimos al Fiscal 68 Local, Manuel Vicente
Patrón Sotomayor, por no cumplir órdenes del propio juzgado y del Tribunal Superior. La
sanción será revisada en consulta por el Tribunal.
El JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA declaró que el
FISCAL 68 LOCAL DE CARTAGENA, MANUEL VICENTE PATRÓN SOTOMAYOR,
incurrió en desacato de los fallos de tutela del 18 de junio y del 21 de agosto de 2026,
proferidos, respectivamente, por ese despacho y por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, a favor del DEFENSOR DE
DERECHOS HUMANOS Y VEEDOR CIUDADANO ERICK JOSÉ URUETA
BENAVIDES. La JUEZA JEINNY YANETH CUELLO MURILLO le impuso CINCO (5)
DÍAS DE ARRESTO INCONMUTABLE Y MULTA DE DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES, dentro del incidente de desacato radicado
13001310900320260008700.
LO QUE ORDENARON EL JUZGADO Y EL TRIBUNAL
El 18 de junio de 2026, el Juzgado ordenó al fiscal responder de fondo, en 48 horas, la
petición del 24 de abril de 2026 en la que Urueta solicitó sanear el requisito de
conciliación previa. Entre otros puntos, pidió que se le informara cuáles eran las frases
exactas que se le atribuyen como injuriosas o calumniosas, en qué fecha y por qué
medio se habrían difundido, y cuál sería el medio idóneo para una eventual retractación.
El 21 de agosto de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena amplió la
protección a los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
y ordenó al fiscal pronunciarse de fondo, también en 48 horas, sobre la solicitud del 30
de abril de 2026. En ella Urueta pidió dejar sin efecto la decisión del fiscal de comunicar
al querellante, a la víctima y a su abogado todas sus peticiones, tutelas y actuaciones
futuras, en lo que excediera los traslados legalmente obligatorios.
LO QUE ENCONTRÓ LA JUEZA
Según la providencia, la respuesta que el fiscal envió el 28 de agosto de 2026 solo
atendió el primer punto de la petición, al informar que la nueva audiencia de conciliación
se había realizado y había fracasado. Sobre la solicitud del 30 de abril, el despacho
concluyó que “no hay constancia alguna que se le haya emitido respuesta”. Los fallos se
notificaron el 2 de julio y el 28 de agosto de 2026, por lo que, según la jueza, los
términos para cumplir “se han superado con creces”.
La jueza advirtió que, pese a que el 2 de octubre de 2026 le señaló al funcionario que
sus respuestas eran insuficientes, este reiteró los mismos documentos al descorrer el
traslado del incidente, lo que, a su juicio, “denota su indiferencia frente a la protección
constitucional brindada por este Despacho”. Agregó que el fiscal no resolvió la situación
del accionante “pudiéndolo hacer con un menor esfuerzo, dejándose entrever el desdén
hacia el pronunciamiento de este juzgado”.
LA SANCIÓN AÚN NO ESTÁ EN FIRME
Conforme al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la decisión fue remitida en grado de
consulta a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, que deberá confirmarla,

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modificarla o revocarla. La propia providencia dispone que el arresto y la multa solo se
harán efectivos una vez el Tribunal la confirme.
El 27 de octubre de 2026, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cartagena lo había
sancionado con multa en otro incidente. El 30 de octubre, el Tribunal Superior dejó sin
efecto esa multa por no encontrar acreditada la responsabilidad subjetiva, pero declaró
que el fallo de tutela no se había cumplido y ordenó adelantar un incidente de
cumplimiento, que sigue en curso.
La sanción se refiere exclusivamente al cumplimiento de órdenes de tutela. No es un
pronunciamiento sobre el fondo de la actuación penal ni sobre una eventual
responsabilidad disciplinaria o penal del funcionario, quien conserva la presunción de
inocencia.
EL CONTEXTO
El Fiscal 68 Local conduce desde 2022 la actuación por injuria y calumnia iniciada por
querella de un oficial retirado de la Policía Nacional contra Urueta Benavides. Las
denuncias que Urueta había presentado meses antes contra ese mismo oficial solo
empezaron a tramitarse después de que la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en la sentencia STP15443-2026 del 7 de julio de 2026, ordenara
resolverlas.
El pasado 18 de noviembre, en la sesión programada para el traslado del escrito de
acusación, el fiscal informó que el día anterior había remitido a la Dirección Seccional de
Fiscalías de Bolívar un oficio de impedimento respecto de este caso, y dispuso que la
diligencia no se realizará hasta que su superior lo resuelva.
DECLARACIÓN DE ERICK URUETA BENAVIDES
“Esta decisión no es una victoria personal. Recuerda que las órdenes de los jueces de
tutela, y con mayor razón las del Tribunal Superior, deben cumplirse por todas las
autoridades, también por la Fiscalía. Respeto la actuación que se adelanta en mi contra
y ejerceré mi defensa dentro de ella, con las garantías de ley. Lo único que he pedido es
que se me responda y que el proceso se tramite con objetividad. Esperaré con respeto
la decisión del Tribunal en la consulta.”

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