jueves, 19 noviembre 2026
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE TUMBA LA NEGATIVA DE LA FISCALÍA A INFORMAR SI INVESTIGA AL ALCALDE DE COLOSÓ: ES LA CUARTA DERROTA DE LA FISCALÍA ANTE EL EQUIPO DE VEEDORES DE ERICK URUETA.

La Fiscalía exigió a los veedores un permiso firmado por el alcalde y sus asesores,
o una orden judicial, para decirles si existen procesos penales en su contra. El
Tribunal declaró mal denegada la solicitud y le dio diez días hábiles para
responder.
SINCELEJO, NOVIEMBRE DE 2026. La SALA CUARTA DE DECISIÓN DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, con ponencia de la magistrada EDNA
CONSTANZA RAMÍREZ CUBILLOS y firma de la magistrada LUZ ADRIANA
RICO VILLARRAGA, resolvió el 13 de noviembre de 2026 el recurso de
insistencia promovido por el equipo de veedores que encabeza ERICK JOSÉ
URUETA BENAVIDES, presidente de la Veeduría a la Rama Judicial de
Cartagena (VEJUCA). Con él actuaron HÉCTOR PÉREZ FERNÁNDEZ, JUAN
PABLO II CUERO GONZÁLEZ y ANTONIO HERNÁNDEZ TORRES. El radicado
es el 70001-23-33-000-2026-00209-00.
La Sala declaró MAL DENEGADA la solicitud de información y ordenó a la
Fiscalía General de la Nación consultar sus sistemas misionales, SPOA y SIJUF.
Con esa consulta deberá responder de manera individualizada sobre el alcalde de
Colosó (Sucre), DAGER MANRIQUE PATERNINA ALQUERQUE, y sobre dos
personas que los veedores identificaron como asesores externos del municipio:
ALDEMAR ALFARO RIVERO Y JOSÉ DAVID BOLAÑO MARTÍNEZ.
QUÉ PIDIERON LOS VEEDORES
El 18 de septiembre de 2026, en ejercicio del control social, los veedores pidieron
a la Fiscalía que certificara si entre 2020 y 2026 existían noticias criminales,
indagaciones, imputaciones, acusaciones, preclusiones, archivos o sentencias
contra esas tres personas, o actuaciones ante las dependencias anticorrupción de
la entidad. Si existían, solicitaron el número de la noticia criminal, el delito, el
estado procesal, el despacho a cargo y si los hechos se relacionaban con la
contratación estatal, el Sistema General de Regalías o la gestión pública del
municipio.
LA RESPUESTA DE LA FISCALÍA: “TRAIGAN PERMISO DEL ALCALDE”
El 8 de octubre de 2026, mediante el oficio 20460-20-22-1244-2026, la Fiscalía
calificó toda la información de sus sistemas como clasificada o reservada. Con
base en el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos
personales, exigió a los veedores aportar la autorización de los propios

consultados con copia de sus cédulas, o una orden judicial. Advirtió que, si no lo
hacían en un mes, declararía el desistimiento y archivaría la petición.
Los veedores contestaron al día siguiente: corrigieron los datos de identificación y
presentaron el recurso de insistencia. Sostuvieron que la publicidad es la regla
general, que la ley de datos personales no crea reservas y que la Fiscalía tenía la
carga de probar un daño concreto.
LO QUE DIJO EL TRIBUNAL
ERA UNA NEGATIVA, NO UN REQUERIMIENTO. La Sala concluyó que el oficio
no pedía datos para entender la solicitud. Lo que hacía era condicionar el acceso
a un permiso que la ley no exige. Por eso lo trató como una negativa material, que
puede controlarse mediante el recurso de insistencia de los artículos 25 y 26 del
CPACA.
UN DATO PERSONAL NO ES, POR SÍ SOLO, UN DATO RESERVADO. Según el
Tribunal, el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012 regula la circulación de datos
personales, pero no vuelve secreta toda información asociada a una persona.
Tampoco reemplaza el análisis que exigen los artículos 18, 19, 21 y 28 de la Ley
1712 de 2014, Ley de Transparencia.
LOS MEMORANDOS INTERNOS NO CREAN RESERVAS. La Fiscalía invocó el
Memorando 004 de 2026 y la Resolución 0-1704 de 2014. La Sala precisó que
esos actos pueden fijar deberes internos de custodia, pero solo la Constitución o la
ley pueden restringir el acceso a la información.
EL ARTÍCULO 212B NO CUBRE CUALQUIER CASO. El Tribunal recordó que,
conforme a la Sentencia C-559 de 2019 de la Corte Constitucional, la reserva de
ese artículo de la Ley 906 de 2004 solo procede frente a delitos cometidos por
grupos delictivos organizados y grupos armados organizados de la Ley 1908 de
2018.
LA RESERVA SE PRUEBA DATO POR DATO. Con apoyo en la Sentencia T-482
de 2024, la Sala reprochó que la Fiscalía ni siquiera informara si encontró
actuaciones ni explicara qué daño causaría revelar cada dato. Añadió que el
interés ciudadano es mayor cuando la información toca funciones públicas,
contratación estatal o manejo de recursos públicos.
LO QUE DEBE HACER LA FISCALÍA
Dentro de los DIEZ DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación, la Fiscalía deberá:

  1. Informar si existen o no actuaciones respecto de cada una de las tres
    personas, para el período 2020-2026.
  2. Si existen, entregar la indagación (salvo la relacionada con grupos delictivos o
    armados organizados), la imputación, el escrito de acusación, la solicitud de
    preclusión, la providencia que la resuelve y la sentencia. Deberá respetar las
    restricciones que haya impuesto un juez.
  3. Explicar, por cada dato que niegue, la norma que lo restringe, el interés
    protegido y el daño presente, probable y específico que causaría divulgarlo.
  4. Entregar versiones públicas o testadas cuando solo una parte esté protegida.
    En ellas deberá identificar los campos suprimidos y su fundamento legal, y
    certificar que la copia corresponde al original.
  5. Hacer los traslados internos necesarios sin trasladar a los veedores las cargas
    de su propia organización administrativa.
    LOS LÍMITES DE LA DECISIÓN
    Los veedores reconocen y acatan los límites fijados por la Sala. La orden NO
    cubre elementos materiales probatorios, evidencias, datos de víctimas, testigos o
    menores, ni comunicaciones privadas. La providencia NO AFIRMA QUE EXISTAN
    INVESTIGACIONES contra el alcalde ni contra sus asesores, y no les atribuye
    responsabilidad alguna: todos conservan íntegra su presunción de inocencia. Lo
    que garantiza es que la ciudadanía reciba una respuesta veraz, completa y
    motivada.
    CUARTA DERROTA
    Con esta decisión, el equipo de veedores de Erick Urueta suma su CUARTO
    RECURSO DE INSISTENCIA GANADO frente a la Fiscalía:
     TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, sentencia del 9 de
    septiembre de 2024 (Rad. 25000-23-41-000-2024-01527-00).
     TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, auto del 8 de abril de 2026
    (Rad. 13001-23-33-000-2026-00123-00).
     TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, auto del 26 de octubre de 2026
    (Rad. 13001-23-33-000-2026-00606-00). Este obligó a la Fiscalía 40 Seccional
    de Cartagena a restituir quince páginas ocultas de una orden de archivo.
     TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, decisión del 13 de noviembre de
    2026 (Rad. 70001-23-33-000-2026-00209-00).

Los veedores presentaron las tres primeras decisiones al Tribunal de Sucre como
criterio auxiliar. Cada caso se resuelve según su contenido, pero la regla que se
consolida es la misma: el secreto es la excepción y la autoridad que lo invoca
debe probarlo.


DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DE VEJUCA
«La Fiscalía nos pidió traer el permiso de las mismas personas sobre las que
preguntábamos. El Tribunal de Sucre le recordó que el control ciudadano no
depende de la autorización del vigilado. No acusamos a nadie: queremos saber,
con la ley en la mano, qué ha hecho la justicia frente a quienes manejan recursos
públicos en Colosó. Vigilaremos que la orden se cumpla en los diez días que fijó el
Tribunal.»

Vejuca Portal

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