El Activista Erick José Urueta Benavides y el líder campesino Enaldo Tovar
Monterroza denuncian que el Estado reconoce su riesgo extraordinario, pero sin
garantías efectivas en favor de su vida, además avanzan procesos en su contra y
sus denuncias siguen sin resultado.
El Abogado, Trabajador Social, Veedor y Defensor de Derechos Humanos ERICK
JOSÉ URUETA BENAVIDES, presidente de la VEEDURÍA A LA RAMA JUDICIAL
DE CARTAGENA (VEJUCA), y el líder campesino ENALDO ESTEBAN TOVAR
MONTERROZA, presidente de la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS MONTES DE
DIOS de Turbaná (Bolívar), acudieron a la COMISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS (CIDH). Denuncian persecución judicial y desprotección
estatal, y le piden que requiera al Estado colombiano medidas cautelares
urgentes.
El 23 de septiembre, Urueta Benavides presentó una petición individual con una
solicitud conjunta de medidas cautelares. La solicitud a favor de Tovar Monterroza,
su familia y los miembros de la Asociación está conectada con ese trámite, porque
una parte de los hechos ocurrió en la FINCA CACHENCHE, EN TURBANÁ.
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PERSECUCIÓN JUDICIAL: DENUNCIAR Y TERMINAR ACUSADO
El centro de la petición de Urueta Benavides es lo que él describe como una
PERSECUCIÓN JUDICIAL por su labor de veeduría. Según el documento, en
2022 el veedor denunció a un oficial de la Policía. Poco después, ese mismo
oficial presentó una querella en su contra.
La petición describe una ASIMETRÍA INVESTIGATIVA: las denuncias del veedor
llevan cerca de cuatro años sin resultados, y la Corte Suprema de Justicia
reconoció esa mora como injustificada. En cambio, el proceso en su contra avanza
rápido hacia la acusación ante la FISCALÍA 68 LOCAL DE CARTAGENA.
La petición invoca el informe de la CIDH sobre Criminalización de la labor de las
defensoras y los defensores de derechos humanos (2015), que identifica el uso
indebido del derecho penal como una forma de represalia contra quienes
denuncian irregularidades institucionales.
DESPROTECCIÓN ESTATAL: UN RIESGO QUE EL PROPIO ESTADO
RECONOCE
La UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP) CALIFICÓ A AMBOS LÍDERES
EN RIESGO EXTRAORDINARIO. En el caso de Tovar Monterroza, la UNP
reconoció que enfrenta un riesgo «que no está en el deber jurídico de soportar».
Aun así, le retiró el esquema de protección y le dejó solo un chaleco blindado y un
medio de comunicación.
La Corte Constitucional, en la Sentencia T-305 de 2025, amparó los derechos
de Urueta Benavides a la vida y a la seguridad personal. El Juzgado Séptimo de
Familia de Cartagena ordenó el 9 de septiembre de 2026 restablecer su
protección en 48 horas. Según la petición, esa orden no se ha cumplido. La
petición también denuncia que la Policía Metropolitana de Cartagena (MECAR)
retiró por su cuenta las medidas preventivas en agosto.
Explosivos, desalojos y amenazas
Las solicitudes describen una escalada de violencia en Cachenche durante 2026:
- Una incursión armada el 6 de mayo, que terminó en el desplazamiento forzado
de Tovar Monterroza, reconocido en el Registro Único de Víctimas; - Un desalojo policial sin orden judicial el 17 de mayo, que después dejó sin
efectos el Tribunal Administrativo de Bolívar; - Una alerta sobre un intento de desalojar a la comunidad «a plomo y bala»;
- La activación de DOS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS dentro del predio el 12 de
julio.
A esto se suma una denuncia de 2023 sobre un presunto plan para asesinar a
líderes de la comunidad, entre ellos los dos solicitantes. Según los peticionarios,
esa investigación sigue sin resultados.
Tovar Monterroza presentó tres tutelas y ninguna logró restablecer su protección.
El 22 de septiembre, el Tribunal Superior de Cartagena declaró improcedente la
última porque seguía pendiente un recurso ante la UNP. La solicitud llama a esta
situación un «CÍRCULO DE DESPROTECCIÓN». También denuncia
estigmatización: en un Consejo de Seguridad de Turbaná, autoridades
municipales llamaron «falsas denuncias» los hechos que presentaron los
campesinos.
Lo que se pide a la CIDH
Los solicitantes piden a la Comisión que requiera al Estado colombiano: - Adoptar medidas de protección IDÓNEAS Y EFICACES, extendidas a sus
familias y a la comunidad campesina; - Investigar con debida diligencia las amenazas y los ataques;
- Abstenerse de usar el aparato judicial contra quienes ejercen la veeduría y la
defensa de derechos humanos.
Las solicitudes invocan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Sentencia SU-546 de 2023, en la que la Corte Constitucional declaró un estado
de cosas inconstitucional frente a las personas defensoras y los líderes sociales, y
precedentes interamericanos como Valle Jaramillo y otros vs. Colombia y Yarce y
otras vs. Colombia.
«Mientras nuestras denuncias duermen en los despachos, otros procesos avanza
a toda velocidad en nuestra contra. El Estado reconoce por escrito que nuestras
vidas corren riesgo extraordinario, pero nos retira la protección. Por eso acudimos
a la CIDH», señaló Urueta Benavides.
