La veeduría exige a Prosperidad Social y al Ministerio de Hacienda explicar por
qué no hay fecha para el octavo ciclo y puso el caso en conocimiento de la
Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Miles de adultos mayores de Cartagena y Bolívar siguen sin saber cuándo
recibirán el octavo pago del programa Colombia Mayor. Ante esta situación, la
Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena (VEJUCA) presentó un derecho de
petición conjunto ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En él exige explicaciones concretas,
documentos y una fecha cierta de pago.
La actuación responde a la incertidumbre que viven desde hace semanas los
beneficiarios del programa. Muchos son personas en pobreza extrema que
dependen de esta transferencia para cubrir alimentación, medicamentos y
servicios básicos. Mientras tanto, por redes sociales y cadenas de WhatsApp
circulan fechas de pago falsas que aumentan la confusión y abren la puerta a
estafas.
UN PAGO QUE NO LLEGA
El último ciclo que se conoce con claridad es el séptimo. Prosperidad Social
amplió hasta el 20 de septiembre el plazo para cobrarlo, y desde entonces no ha
publicado un cronograma oficial para el octavo. Según han informado medios
nacionales, la entidad adelanta gestiones con el Ministerio de Hacienda para
garantizar los recursos. Sin embargo, no ha explicado públicamente la causa
precisa de la demora ni el día en que se reanudarán los pagos.
En el ámbito nacional, el programa beneficia a cerca de tres millones de personas
mayores. Tampoco se sabe si los ciclos pendientes se pagarán de manera
acumulada o por separado, ni qué ocurrirá con el pago diferenciado para los
mayores de 80 años.
“No estamos hablando de cifras en un presupuesto, estamos hablando de abuelos
y abuelas que hoy no saben si van a poder comprar su comida o sus
medicamentos. El Estado tiene la obligación de decirles con claridad qué está
pasando y cuándo se les va a pagar”, afirmó Erick Urueta Benavides, presidente y
representante legal de VEJUCA.
LO QUE EXIGE LA VEEDURÍA
El derecho de petición, presentado con fundamento en el artículo 23 de la
Constitución Política y la Ley 1755 de 2015, contiene once solicitudes concretas,
divididas entre las dos entidades responsables.
A Prosperidad Social, que administra Colombia Mayor desde el Decreto
Legislativo 812 de 2020, la veeduría le pide:
- La causa exacta del retraso: si es presupuestal, de caja, contractual u
operativa. - Copia de los certificados de disponibilidad y registros presupuestales de los
ciclos séptimo, octavo y siguientes. - Las solicitudes de recursos que haya enviado al Ministerio de Hacienda y las
respuestas recibidas. - La información del contrato con el operador de pagos y si este ha incumplido.
- La fecha estimada de pago y si los ciclos atrasados se pagarán completos.
- El número de beneficiarios afectados en Cartagena y en cada municipio de
Bolívar. - Las medidas previstas para proteger a la población más vulnerable y prevenir
fraudes.
Al Ministerio de Hacienda le solicita informar la apropiación presupuestal vigente
para el programa en 2026 y el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)
asignado. También pide el estado de las solicitudes de giro que haya presentado
Prosperidad Social y si existe alguna restricción de caja o aplazamiento que esté
frenando los recursos.
“Queremos saber dónde está el cuello de botella. Si el problema es de plata, que
lo digan; si es del operador, que lo digan; si es un trámite, que lo resuelvan. Lo que
no puede seguir pasando es que los adultos mayores sean los últimos en
enterarse”, señaló Urueta Benavides.
CONTRALORÍA, PROCURADURÍA Y DEFENSORÍA, ENTERADAS
La veeduría envió copia de la petición a la Contraloría General de la República, a
la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Busca que la
Contraloría haga seguimiento a la ejecución de los recursos del programa
mediante el control fiscal concomitante y preventivo previsto en el Decreto Ley 403
de 2020. A la Procuraduría le pide actuar en su función preventiva frente a las
entidades responsables, y a la Defensoría, velar por los derechos de una
población que la Constitución protege de manera especial.
Los artículos 13 y 46 de la Carta Política obligan al Estado a brindar protección
reforzada a las personas mayores, especialmente a quienes están en condición de
debilidad manifiesta. Para la veeduría, garantizar la oportunidad de estas
transferencias no es un favor, sino una obligación constitucional.
DIEZ DÍAS PARA RESPONDER
Por tratarse de una petición de información y documentos, la ley da a cada entidad
un plazo de diez días hábiles para responder de fondo. La veeduría advirtió en el
documento que presentarla en conjunto no exime a ninguna de las dos entidades
de contestar lo que le corresponde. Si alguno de los puntos no es de su
competencia, deben trasladarlo al responsable en los cinco días siguientes.
VEJUCA anunció que, si las entidades no responden de fondo o no dan una fecha
cierta de pago, evaluará las acciones constitucionales que correspondan para
proteger el derecho de petición y el mínimo vital de los adultos mayores afectados.
“Vamos a hacerle seguimiento a cada día de ese término. Si no hay respuesta,
acudiremos a los jueces y a los organismos de control. Los adultos mayores no
están solos”, aseguró el presidente de la veeduría.
ALERTA CONTRA ESTAFAS
La veeduría hizo un llamado a los beneficiarios y a sus familias para que no crean
en fechas de pago que circulen por redes sociales o mensajes de WhatsApp. La
información válida solo se publica en los canales oficiales de Prosperidad Social.
VEJUCA recordó además que ningún funcionario, político ni particular puede
cobrar dinero por “agilizar” el pago ni exigir favores a cambio de mantener el
subsidio. El programa se financia con recursos de la Nación y la inscripción y el
cobro son gratuitos. Cualquier cobro o presión de este tipo debe denunciarse ante
las autoridades.
CÓMO CONTACTAR A LA VEEDURÍA
Los adultos mayores de Cartagena y Bolívar que estén afectados por el retraso
pueden comunicarse con VEJUCA pueden escribir al correo
veeduriaalaramajudicial@gmail.com.
